El debate sobre el uso del glifosato vuelve a ocupar el centro de la escena
sanitaria y ambiental. Mientras organizaciones científicas y ecologistas
reclaman medidas más restrictivas frente a un compuesto señalado por riesgos
potenciales para la salud humana, la Unión Europea sorprendió al anunciar
recientemente una modificación normativa que eleva la concentración máxima
permitida del herbicida en agua potable hasta cerca de 400 microgramos por
litro.
El cambio suscita preocupación entre especialistas, ya que esta cifra
representa un valor aproximadamente 4.000 veces superior al actualmente
permitido en países como España. En lugar de reforzar las medidas
preventivas —un eje fundamental para la protección de la salud pública— la
nueva regulación genera interrogantes sobre la dirección que toma la política
ambiental europea.
Un herbicida bajo observación internacional.
El glifosato, uno de los herbicidas más utilizados en la agricultura global, fue
clasificado en 2015 por la Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer (IARC) como una sustancia "probablemente carcinógena para los
humanos" (Grupo 2A). La advertencia se basó en evidencias experimentales y
estudios que evaluaron su impacto sobre mecanismos celulares relacionados
con procesos cancerígenos.
Más allá de las controversias regulatorias, existe consenso científico en que el
glifosato puede contaminar fuentes de agua, aire, suelos y alimentos, afectando
no solo a la población humana sino también a la fauna silvestre y ecosistemas

completos. Con este nuevo umbral normativo, alertan especialistas, muchas
zonas que hoy serían consideradas contaminadas podrían pasar a ser
clasificadas como “legalmente limpias”, sin que ello implique una mejora real en
la calidad ambiental.
Posturas enfrentadas dentro de Europa.
El anuncio de la Unión Europea contrasta con la posición del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) de España, que insiste
en mantener los límites actuales por motivos de seguridad sanitaria y
ambiental.
Sin embargo, como España no está obligada a adoptar de inmediato la nueva
normativa, la discrepancia abre una brecha regulatoria que expone la falta de
consenso técnico y político.
Organizaciones ecologistas y expertos en toxicología aseguran que flexibilizar
los niveles permitidos implica un riesgo evitable, especialmente en un contexto
donde la evidencia científica continúa acumulándose y donde los impactos
sobre poblaciones vulnerables —niños, embarazadas, personas con
enfermedades crónicas o raras— pueden ser significativos.
El escenario actual refleja una preocupación histórica: los vaivenes regulatorios
condicionados por intereses comerciales o productivos. La ausencia de
posturas unificadas alimenta la incertidumbre y dificulta la implementación de
políticas preventivas sostenidas.
En materia de salud pública, la prevención primaria y secundaria es esencial.
Sin embargo, cuando los decisores priorizan argumentos económicos por sobre
los sanitarios, se perpetúa una deuda con la ciudadanía. Este debate, que lleva
ya varios años en la agenda europea e internacional, requiere la participación
activa no solo de gobiernos y sectores productivos, sino también de
comunidades científicas, organizaciones ambientales y personas afectadas por
la contaminación.
Resolverlo de manera transparente y basada en evidencia es un deber
impostergable.